lunes, 14 de noviembre de 2011

DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

La desamortización fue un proceso un hecho fundamental en el proceso de la revolución burguesa. Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra. En España se produjo de manera discontinua. Se dieron varias desamortizaciones. Las más importantes fueron la de Mendizábal (1896-1951) y la de Pascual Madoz (1855-1924) pero también se dieron otras desamortizaciones como la del ministro Carlos IV Godoy (1798), la de la guerra de independencia y la del trienio liberal (1820-23). Los reformistas ilustrados del s. XVIII , preocupados por obtener el máximo rendimiento de la tierra y los recursos naturales, fuente para ellos de la riqueza y fortaleza del estado, habían insinuado la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. En el antiguo régimen una gran parte de la tierra estaba en manos muertas, es decir, eran tierras vinculadas a dominios monásticos o municipios y, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado y por ello no podían se capitalizadas ni mejoradas. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas. Además, la desamortización de esos bienes permitiría al estado, incautándose de ellos, enjugar su déficit y amortizar la deuda pública. Esto es lo que se hizo en tiempos de carlos IV(1798) cuando se obtuvo permiso de la santa sede para expropiar y vender los bienes de los jesuitas que venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos, con lo que se amortizaban una parte de los cientos de millones de deuda pública en vales reales. El primer paso era la promulgación de leyes para desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. El proceso suponía dos fases: en primer lugar, el estado se adueñaba de esos bienes, por lo que dejaban de ser de manos muertas (o de estar fuera del mercado) para convertirse en bienes nacionales; después salían a la venta, mediante pública subasta; el producto de lo obtenido lo utilizaría el estado en sus necesidades, principalmente en amortizar la deuda pública. Tanto jose I como las Cortes de Cádiz decretaron nuevas desamortizaciones, que al igual que la del Trienio Liberal (1820-23), no tuvieron efectos por el retorno al absolutismo. Tras la muerte de Fernando vVII, la revolución liberal burguesa se afianza y en 1836 en medio de la guerra civil con los carlistas, Mendizábal puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). De esta forma quedaron en manos del estado y se subastaron no solamente tierras, sino casa, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular. Para lograr el establecimiento del nuevo régimen liberal en 1836 era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos que proporcionaba la desamortización y el apoyo de la burguesía al régimen liberal. Además al amortizar la deuda publica, el estado saneaba la hacienda y aparecía como más solvente, con lo que podría hacer nuevas inversiones en el extranjero para mejorar condiciones. La desamortización de madoz comenzó en 1855 el ministro de hacienda pascual madoz, también progresista, promulgo su ley de desamortización general. Se llamaba general porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de eclesiásticos, que no habían sido vendidos en la etapa anterior los propios de los pueblos (eran llamados bienes de propios aquellos que proporcionaban, por esta arrendados, una renta al concejo, en tanto que los comunes eran los que no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos del lugar). Fue la desamortización más larga en el tiempo y no concluyo hasta 1924. El procedimiento utilizado para las ventas fue similar al de mendizabal, pero hubo algunas diferencias. El dinero obtenido fue dedicado, en parte, a financiar la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril. Por otra parte, el estado no era el propietario de los bienes, sino los ayuntamientos. Aquel percibía el importe de las ventas en nombre de estos y lo transformaría en titulo de deuda, lo que significaba que el estado custodiaba los fondos de los ayuntamientos y los utilizaba para el bien de todos. Las desamortizaciones produjeron cambios sociales, cambios en los modos de explotación de la tierra y consecuencias culturales. En cuanto a cambios sociales, la burguesía compradoras se convirtió en terrateniente, en conjunto, el proceso de desamortizaciones no sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos, es decir, no fue una reforma agraria sino un medio de conseguir dinero para los planes del estado. Pero a medio y largo plazo si contribuyo a que aumentara el volumen general de la producción agrícola al trabajar los nuevos propietarios tierras que hasta entonces no habían sido labaradas. La expulsión de campesinos de los nuevo latifundios y la concentración de la propiedad de la tierra genero una gran masa de campesinos sin tierra, proletariado agrícola, que a mediados de siglo superaba lo dos millones de personas. Cambios en el modo de explotación de la tierra. Se estima que el volumen de tierra que llego hasta el 50% de la tierra cultivable. La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura más productiva. Al liberalizarse la tendencia y la explotación de la tierra, en algunas zonas se produjeron procesos de inversiones, mejora y especialización en los cultivos. Así en levante se crearon explotaciones hortofrutícolas y en andalucia se extendió el olivar y la vid en gran parte con destino al mercado exterior. Otra de las consecuencias que tuvo la desamortización fue una gran perdida y expolio de bienes culturales que produjo, sobre todo de los antiguos monasterios. Muchas obras arquitectónicas se arruinarían y bienes muebles fueron vendidos a precios irrisorios y en gran parte, salieron hacia otros países. Todo ello, a pesar de que en 1840 se habían establecido unas comisiones provinciales encargadas de catalogar y custodiar esos bienes.

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